NUEVA CONSTITUCIÓN PARA QUE NADA PUEDA CAMBIAR

Si Albert Rivera y “Ciudadanos” fueran liberales podríamos estar tranquilos, pero son fieles continuadores del “absolutismo democrático”, y me explico. El liberalismo, por definición, defiende la libertad del individuo tanto como evita la intromisión del estado en la vida social y económica. Estas premisas, en cambio, no aparecen o lo hacen solo sesgadamente en los idearios de los que dicen formar “el moderno centroderecha”. Sin ir más lejos, el aludido nuevo adalid de la derecha española, presentó ayer, en loor de multitudes, su propuesta de reforma constitucional. El objetivo principal de Rivera es encerrar para siempre, en la prisión de Montecristo (Castillo de If en la bahía de Marsella), el modelo territorial español y su inherente traspaso de competencias. Es decir: — Nacionalistas: ¡Esto se ha acabado! Se trata solamente de maniatar definitivamente a las comunidades autónomas y a sus pérfidos separatistas, ya que ahora están en Catalunya, pero “en cualquier monte aparecen setas”. Para disipar cualquier duda de la derecha más sórdida, su propuesta constitucional se apunta al carro del PP en cuanto a legislar positivamente un nuevo modelo de financiamiento autonómico, basado en una cartera de servicios públicos comunes y proclaman “acabar con los privilegios forales”. Recuerden los más ancianos, lo vivido cuando Felipe V vendió su alma, y Gibraltar, y Menorca a los ingleses para someter el Reino de Aragón al nacionalismo centralista, cuyos incondicionales, como ahora, aplauden que se rebajen privilegios de los otros en lugar de exigir que se igualen los suyos con los que más tienen. Es la muestra del tipo de envidia más miserable, la española: conformarse con que se le arrebate al prójimo lo suyo de manera que tenga lo mismo que uno, olvidándonos de que se le puede exigir al mismo ejecutor que no quite ningún derecho a los demás, sino que iguale a todos haciendo extensivos esos privilegios a todo el país. Finalmente, en este aspecto, la Constitución de Rivera no contemplaría el artículo 150.2 actual, que permite traspasar competencias estatales a las autonomías. De esta manera, se me ocurre, desaparece el poder de esos partidillos de provincias que han extorsionado a los nobles gobiernos exigiendo nuevas prebendas autonómicas a cambio de poner su voto a disposición del gobernante de turno. Se ha acabado: — Diputados de provincias, ya no tendréis tenazas para cogernos por las gónadas: ¡habéis perdido vuestra razón de ser! Esto, me da la sensación, de que no forma parte del liberalismo entendido como libertad. Pero, por si no fuera suficiente y todavía quedara algún traidor a la patria, la propuesta constitucional de Rivera contempla que, en caso de crisis — se refiere a que “el monte se llene de setas”— el estado debe disponer de nuevas herramientas para controlar y tener primacía sobre las autonomías, es decir “sobre los otros”. Hay que colocar a cada uno en su sitio. Frente al modelo federal del PSOE, el modelo centralista de Ciudadanos. ¿Y todos los demás? Estos no quieren otro modelo político, quieren el mismo, pero siendo ellos los que manden. ¿Y Podemos, también cojean del mismo pie? Bueno, basta de digresiones, vuelvo al tema central.

Después de arrebatar toda posibilidad de libertad nacionalista a los provincianos, vienen las aportaciones populistas como pasto para el ganado indeciso: desaparición del Senado, aunque sustituido por un ¿consejo de presidentes?, abolir el Consejo General del Poder Judicial y dar poderes al presidente del Supremo “que pasaría a ser elegido de forma más democrática”. Por supuesto, señor Rivera: si el poder en cualquier campo está concentrado en una persona o institución, basta con controlar a una persona o a una institución para que pase a ser un siervo más del poder. Más medidas populistas: supresión de los privilegios a los parlamentarios —brindis al sol si no se pormenoriza— y un paquete de nuevos artículos dedicados a los derechos sociales. Por supuesto, cuando un derecho social debe ser regulado lo único que podemos sacar en claro es que tendrá límite.

Alguien nos ha vendido que el cambio político en España debe fundamentarse en el rejuvenecimiento de sus dirigentes, en la aparición de nuevas siglas y en propuestas ocurrentes y nuevo talante que, todo junto, debe diluir la pátina rancia de los partidos de siempre y llevar a sus “súbditos” (aquella calificación que sustituyó la Constitución de 1812 por la de “ciudadanos”) al mayor grado de sumisión, solo comparable al padecido durante los cuarenta años de dictadura, con una falacia premeditada y ruin que permite adocenar por fe y convencimiento a una gran proporción de nacidos en este país.

Señor Rivera, con esta reforma constitucional que propone y promete poner en marcha en el caso de gobernar después del 20 de diciembre, la libertad del individuo y de muchos colectivos queda cercenada, la intervención del estado en la vida social es ostensible, pero el gran liberalismo neoespañol del futuro sigue respetando y sin coartar por constitución alguna a la economía: las SICAV españolas —un 70% de sus recursos invertidos en el extranjero—, las multinacionales que intoxican la atmósfera a la vez que se enriquecen ofensivamente, la delincuencia fiscal que supera a todas las setas que puedan poblar nuestros montes, nada de desigualdad, pobreza, desempleo: el liberalismo es dar autonomía a las empresas para que creen riqueza, no para que se enriquezcan unos pocos. Nada sobre derechos de trabajadores, derogación de reformas laborales, nada de conservar una docencia con asignaturas que ayuden a la independencia racional del individuo tipo humanidades, nada sobre el éxodo hacia Europa de seres humanos perseguidos. En definitiva, el señor rivera podría ser perfectamente un Rajoy recién graduado: liberalismo, sí, pero solo económico. Demasiados cambios para seguir igual que en 1715.

Colau

08/11/2015